Pero no todos los acuerdos serán impugnables sino que sólo lo serán aquellos que sean contrarios a la ley los que se opongan a los estatutos o al reglamento de la junta de la sociedad o los que lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios de terceros. Y los acuerdos anulables eran los acuerdos contrarios a los estatutos sociales o los que lesionaban el interés social en beneficio de uno o varios socios o terceros.
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Partiendo de esa clasificación la lsc establecía distintos plazos de caducidad para la acción de.
Ejemplos de acuerdos impugnables contrarios al orden publico. Qué acuerdos pueden ser impugnables. Ya sólo se distingue a efectos del plazo para la impugnación entre acuerdos impugnables y acuerdos contrarios al orden público. Los nulos eran los acuerdos contrarios a la ley y al orden público. Acuerdos contrarios al orden público. Por lo que se puede observar este precepto no establecía la distinción entre acuerdos nulos y anulables. La infracción del orden público puede dar lugar a la impugnación de acuerdos sociales. Los acuerdos contrarios al. Desaparece la distinción entre acuerdos nulos y anulables. Además no se hace mención alguna a los acuerdos contrarios al orden público. En concreto el artículo 2051 de la ley de sociedades de capital lsc dispone que la acción de impugnación no prescribirá ni caducará cuando tenga por objeto acuerdos que por sus circunstancias causa o contenido resultaren contrarios al orden público. Así pues en el artículo 67 se establecían como impugnables los acuerdos contrarios a la ley a los estatutos y lesivos del interés social. Al no existir ya esta distinción todos los acuerdos pueden impugnarse en el plazo de un año desde la adopción del acuerdo desde la recepción del acta si se adoptó por escrito o desde la inscripción según los casos. Sin perjuicio de lo anterior debemos advertir que la impugnación de ciertos acuerdos tiene su propio plazo específico establecido en la ley de sociedades de capital por lo que conviene en todo caso atender al caso concreto para evaluar el plazo para ejercitar la acción.
Por su parte los acuerdos contrarios al orden público no están sometidos a plazo de prescripción ni de caducidad. Se excluyen determinadas cuestiones procedimentales o incluso de otra índole de la posibilidad de impugnar los acuerdos sociales.
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